Argentina dicta una orden de detención contra cuatro torturadores del franquismo

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Una jueza argentina ha dictado una orden internacional de detención preventiva contra cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad españolas por delitos de torturas durante la dictadura de Francisco Franco.
Los crímenes del franquismo no seguirán impunes. Sin embargo, la búsqueda de los responsables no se hará desde España, sino desde Argentina.

La jueza María Servini de Cubría ha dictado una orden de busca y captura para cuatro exfuncionarios de seguridad españoles acusados de torturas durante la época franquista, una resolución sin precedentes, informó la agencia EFE.

Servini de Cubría pidió a la Interpol la extradición a Argentina para interrogar al exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Francisco Franco Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'.

Todos ellos son sospechosos de haber torturado a 13 personas, una causa que las víctimas del franquismo llevaron hace tres años a los tribunales argentinos después de que en España no prosperase y la Audiencia Nacional la cerrase.

La magistrada argentina dictó la orden amparada en el criterio de justicia universal. Según el auto, las pruebas recogidas durante el proceso "demuestran que no se estaría llevando en España una investigación eficaz de los hechos".

Asimismo, recuerda que "cuando un Estado no ha ejercido su soberanía, los restantes estados de la comunidad internacional quedan habilitados para hacerlo".

Este es el mismo principio jurídico que permitió al exjuez español Baltasar Garzón investigar en España los crímenes de las dictaduras de Argentina y de Chile.

La resolución ha sido calificada de histórica por miembros de asociaciones de víctimas del franquismo y familiares de quienes fueron torturados.

"Es una puerta abierta para un futuro esperanzador", dijo Bonifacio Sánchez, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, citado por el portal La Voz Libre.

La jueza recoge en su escrito informes de la organización Amnistía Internacional que ha denunciado que el Estado español ha obstaculizado las investigaciones y ha pedido la colaboración del Gobierno de Rajoy para la localización y detención de los cuatro imputados.



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