La denominada tregua invernal comienza hoy en todo el territorio frances, un período durante el cual debido a las bajas temperaturas está prohibida la expulsión de inquilinos con dificultades para pagar los alquileres. Cada año entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo la ley impide los desahucios por razones humanitarias, a menos que las personas concernidas ocupen de manera ilícita un local o tengan plenamente garantizada otra vivienda.
La tregua fue creada en 1998 para proteger a los sectores menos favorecidos y a partir de 2013 estará acompañada por la prohibición a las empresas proveedoras de gas y electricidad de cortar el servicio por falta de pago.
Durante el invierno de 2012 casi 600 mil hogares sufrieron la interrupción de la energía necesaria para garantizar la calefacción.
El desalojo de familias morosas es un procedimiento aplicado cada vez con más dureza en la nación gala a pesar de la crisis económica y el creciente desempleo, denunció la Fundación Abbe Pierre, una organización de ayuda a los sin techo.
De acuerdo con estadísticas de la entidad, cada año entre marzo y octubre los tribunales emiten unas 110 mil órdenes de expulsión, de las que se ejecutan entre 40 y 50 mil.
En la mayoría de los casos las personas no tienen otra alternativa de vivienda y deben acudir a las asociaciones humanitarias para conseguir un alojamiento.
Patrick Lahuppe, miembro de la comunidad Emmaús, denunció este viernes que en muchas oportunidades las familias “abandonan todas sus pertenencias porque no pueden pagar la mudanza y algunas se dan a la fuga antes del arribo de la policía”.
La Fundación Abbe Pierre asegura que en Francia hay por lo menos tres millones de personas viviendo en sitios de condiciones precarias y otros cinco millones están en estado de fragilidad por las crecientes dificultades para pagar sus alquileres.
Entre los más afectados por este problema figuran las parejas jóvenes y las familias monoparentales, sobre todo las encabezadas por mujeres.
En la actualidad en todo el país más de 685 mil personas están privadas de domicilio personal, de las cuales 133 mil viven en las calles, señala la organización humanitaria.
Prensa Latina
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