Hay que liquidar a los fachas del poder. Esto ya es reírse del estado del bienestar, de los derechos humanos, de la sociedad, de la democracia y de todo.
La noticia dice así:
Víctimas del accidente del Alvia consideran impresentable que les envíen las facturas de los hospitales en los que fueron atendidos. El presidente de la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas), Cristóbal González Rabadán, ha criticado en conversación con este diario la falta de sensibilidad de la administración sanitaria gallega, de la que es responsable el jefe del Ejecutivo autonómico,Alberto Núñez Feijóo,
por enviar la llamada “factura en la sombra” –y asombrosa en este caso– con el coste de la asistencia sanitaria a las víctimas y sus familias. “Esto no puede ser, no demuestra ningún respeto ni sensibilidad hacia el dolor de las familias”, dice González Rabadán.
La queja del presidente de Apafas, que se entrevistó con la ministra de Fomento, Ana Pastor Julián, en los primeros días de septiembre, ha recibido la explicación de que “se trata de un protocolo sanitario” y ha obtenido el compromiso de que “no volverá a suceder”. La aplicación del protocolo hace que los pacientes reciban en su domicilio, aleatoria y automáticamente, las facturas con el importe de la asistencia sanitaria que deberían pagar si no tuvieran derecho a la sanidad pública que sufragamos todos los ciudadanos con los impuestos directos e indirectos.
Aunque las autoridades sanitarias gallegas pudieron abstenerse de esos envíos para no añadir dolor y preocupación a las víctimas y sus familias –79 fallecidos y más de 130 heridos–, no lo hicieron ni se preocuparon de ese detalle por más que en sus manifestaciones públicas se deshicieran en expresiones de solidaridad y apoyo a los damnificados. “Nosotros estamos muy atentos –dice González Rabadán– al trato que vayan recibiendo las víctimas; esta es una herida que tardará mucho tiempo en cicatrizar y que exigirá mucha unión, obserservación y coordinación”. Por el momento los familiares parece que están recibiendo un trato correcto, por parte de la Administración y de la Justicia, “aunque ha pasado poco tiempo todavía”, añade con precaución el presidente de Apafas.
Sobre la investigación judicial para esclarecer las causas del accidente, los familiares quieren que se investigue todas las responsabilidades y aportarán“cuantos datos sean útiles y se vayan conociendo”. El equipo de abogados que colabora con el letrado Javier García sigue acumulando datos y solicitando pruebas. La autorización del director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés María Cortabitarte López, publicada por este diario, de dejar fuera de servicio el sistema ETCS de frenado automático, integrado en el ERTMS, permitirá al juez Luis Aláez ampliar la imputación y atribución de responsabilidades.
“Confiamos en que vayan saliendo todos los datos y circunstancias; hay muchas cosas que investigar e irán saliendo pruebas e indicios para completar la investigación”, explica González Rabadán, quien por el momento se fía de la afirmación de la ministra Pastor de que pondrá todo su empeño en que “se esclarezca toda la verdad”, y estima que la investigación judicial “no será cuestión de unos meses, sino que llevará mucho tiempo”. Sobre la aparición de otra asociación, Víctimas Alvia 01455, que promueve el asistente social Alberto García Tranche y se personará en la causa, el presidente de Apafas, la única registrada hasta el momento, señala que están abiertos a todas las iniciativas que ayuden a las familias.
Como se sabe, el juez Aláez no ha imputado directamente a ningún responsable de Renfe. Aunque el exmagistrado Baltasar Garzón, que actúa como letrado defensor de los familiares de una mujer de nacionalidad ecuatoriana que falleció en el accidente, solicitó la imputación del presidente de la compañía, Julio Gómez-Pomar, el instructor ha denegado la petición por entender que no existe responsabilidad en materia de seguridad. Gómez-Pomar que, sin embargo, está imputado como miembro del consejo de administración de Adif, se escudó durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, el 8 de agosto, en que la Administradora de la Infraestructura Ferroviaria autorizó la desconexión del sistema de frenado ETCS. ¿A petición de quién?
Fuente: Cuartopoder
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