El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha ordenado que todos los recursos contra la externalización de seis hospitales sean analizados por una instancia controlada por él.
María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Gerardo Martínez Tristán, decidirá sobre la privatización de hospitales ideada por Javier Fernández-Lasquetty. Este magistrado, casado con la consejera de Fomento de María Dolores de Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha ordenado que todos los recursos presentados contra esta medida sean analizados por una instancia controlada por él.
Así lo indica en un auto que ha dado a conocer la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). En el documento, Martínez Tristán indica que ha tomado esta decisión puesto que hay “en diferentes Secciones de la Sala distintos recursos que tienen por objeto la impugnación de la resolución de 30 de abril de 2013 de la Consejería de Sanidad madrileña”. Se trata de la resolución que decretaba la externalización de la gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo, un proceso que fue paralizado por la Justicia el pasado mes de septiembre.
Es más, indica que “habiéndose dictado resoluciones por, al menos, las Secciones 3ª y 8ª que resultan o puedan resultar contradictorias, procede y así lo ACUERDO, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 197 LOPJ, llamar para formar Sala a todos los Magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, pues así lo estimo necesario para la Administración de Justicia”.
Es decir, este magistrado, que ocupa la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desde 2006 y que es marido de una consejera de Cospedal, como ha adelantado infolibre.es, ha decidido encabezar el proceso que decidirá sobre los recursos presentados contra las privatizaciones que hasta ahora llevaban otros jueces del tribunal, una “manera nada habitual de actuar” según ha indicado la AFEM.
La resolución, fechada el pasado 11 de octubre, indica además que debe informarse en el plazo de un día a los Secretarios Judiciales adscritos a las diferentes Secciones para que cumplan la orden. Y estima que “a partir de la fecha de este Acuerdo, en todos los procedimientos, para el despacho ordinario la Sala se compondrá del Presidente de la Sala, el Presidente de la Sección correspondiente y el Ponente que ya viniera establecido en la Sección de origen”.
“Para el resto de las resoluciones resolutorias de todos los recursos e incidentes que estén planteados o pudieran surgir en estos procesos y el dictado de las sentencias, la decisión corresponderá al Pleno de la Sala”, concluye el documento elaborado por Gerardo Martínez Tristán.
Fuente: Elboletín
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